Sobre la inoperancia de las instituciones en el caso de María
María es una madre soltera con un niño de 6 años, parada de larga duración, que ha sufrido distintas formas de violencia machista en distintas etapas de su vida. El 14 de enero de 2019 se enfrentaba a un desahucio por impago de alquiler, sin red familiar que la acogiera ni alternativa habitacional de ningún tipo. A cuatro días del desahucio contactó con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Desde ahí pudimos dar a conocer su caso a los medios de comunicación, paralizar su desahucio «in extremis» por la vía judicial y presionar a las instituciones para que le ofrecieran una alternativa habitacional.
Dicha alternativa, temporal, de tránsito, consistió en una habitación en un hostal de la capital grancanaria. Esto, evidentemente, no era una solución, sólo una medida a corto plazo que, para ser verdaderamente funcional, debía acompañarse de una alternativa estructural, como admitía entonces el propio alcalde Augusto Hidalgo: «Nosotros hemos adoptado la situación de emergencia habitacional y lo remitimos al Gobierno regional para que busque la solución al problema estructural para que tenga una vivienda estable más allá de la pensión u hotel que le podamos encontrar». Sin embargo, volvemos a encontrarnos ante la tesitura de siempre: un conflicto de competencias se acaba convirtiendo en un conflicto de incompetencias.
María y su hijo llevan ya casi 10 meses en dicho hostal y en ningún momento se ha tratado de buscar una solución definitiva que estabilice su situación por parte de las instituciones. Sin bonos de lavandería, transporte o alimentos (ayudas que sí han obtenido otros realojados en dicho hostal con problemas habitacionales), María ha afrontado sus gastos diarios con sus magros ingresos (PCI + pensión alimentaria de su pequeño) y algún gesto de solidaridad esporádico de sus compañeras del Sindicato. María no ha parado de buscar un alquiler desde entonces, pero en sus circunstancias nadie se lo concede.
A finales de julio un trabajador social del Ayuntamiento de LPGC informaba a María, vía telefónica y de forma expeditiva: «este 1 de agosto el Ayuntamiento va a dejar de pagarte el hostal, o te lo pagas tú o te buscas otra cosa…». La excusa del trabajador social era que María había podido acceder a un trabajo municipal de limpieza durante 6 meses, sin tener en cuenta que que para la mayoría de caseros el tener un contrato de trabajo indefinido se está convirtiendo en un requisito indispensable para acceder al arrendamiento.
Lo lógico, lo racional y humanitario, sería que el Ayuntamiento de LPGC no dejara de costear el hostal hasta que el Gobierno de Canarias encontrara una solución a largo plazo para María y su pequeño. Lo lógico, racional y humanitario, es que el Gobierno de Canarias afrontara este caso con la urgencia que merece, y no permitiera que una mujer, que ha sufrido violencia machista, se quedara en la calle con su hijo mientras los servicios sociales municipales miran hacia otro lado. Pero el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria ya no espera ni lógica, ni razón, ni humanidad de ninguna institución. Con la firme intención de no prolongar más este cruel «tira y afloja» que se traen las administraciones con el caso de María, de no seguir prolongado días de incertidumbre y noches de angustia, la Comisión de Realojo del SIGC procederá a realojar a María y su hijo por sus propios medios, alojándola en una de las distintas comunidades autogestionadas a las que actualmente ayuda y asesora en la isla de Gran Canaria.
Es triste y lamentable que un Sindicato de Inquilinas, sin recursos, ni subvenciones, sin liberados ni relación con ningún partido político, sin más medios que la fuerza de voluntad, la capacidad de trabajo, la inteligencia construida desde abajo y el apoyo mutuo, ofrezca en esta isla más alternativas de vivienda que unos ayuntamientos, cabildos y gobiernos que acumulan los recursos de todas nosotras. Es triste y lamentable que ante la incompetencia e insensibilidad de unas instituciones totalmente enajenadas de la vida de sus vecinos, sea un sindicato de vecinas el que, sin más ingresos que la solidaridad y una cuota voluntaria de 1 euro al mes, proporcione un techo a una familia y evite que una madre y su hijo de 6 años acaben, nuevamente, siendo arrojados a la calle.
Por su parte, a la propia afectada le gustaría agradecer no sólo a sus compañeras del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria por el realojo, sino a todo el personal del Hotel Valencia: a sus jefes, recepcionistas y a «sus niñas», las encargadas de limpieza por el cariño que le han brindado en estos 10 meses de convivencia.
SIGC