Magdalena y Francisco conviven con sus dos hijos menores (16 y 8 años cada uno) y su hijo adulto, la pareja de éste y su bebé de 4 meses, en la vivienda de la que son inquilinos desde hace 8 años (ubicada en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife). La empresa arrendadora quebró, y después de varios litigios se reconoció en 2017 el justo título que como arrendatarios poseían Magdalena y Francisco; de hecho su contrato de arrendamiento aún sigue en vigor. Sin embargo, los activos de dicha inmobiliaria pasaron a la SAREB (el conocido como «banco malo», entidad con un 45% de capital público) y es ahí cuando la familia, con tres menores, se enfrenta a una inminente amenaza de desahucio.
En octubre de 2019 les llegó un «exhorto» judicial a nombre de la inmobiliaria. La familia no se preocupó porque no estaba a su nombre y no sabían de qué se trataba. Es hace apenas unos días cuando les han confirmado en juzgados que ese «exhorto» puede significar que dentro de unas horas, este mismo viernes, la policía vaya a expulsarlos violentamente de su vivienda.
Frente a ello, han comparecido en juzgados para explicar el error que hay en la notificación y nuestro propio Sindicato les ha elaborado un recurso con toda la jurisprudencia necesaria para que el lanzamiento no se produzca. Sin embargo, en juzgados les siguen confirmando que este viernes irán a echarlos de su domicilio.
Desde las instituciones no han hecho más que marearles, sin ofrecerles ningún tipo de alternativa. Es por todo esto que desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria damos la voz de alarma a los medios de comunicación y a la sociedad canaria para que se hagan eco de la tragedia que puede producirse en menos de 24 horas.
Magdalena y Francisco apenas disponen actualmente de unos ingresos de 322 euros para mantener a su familia. Sólo piden que se respeten sus derechos adquiridos como inquilinos y que puedan conservar su actual vivienda en régimen de alquiler social. Sin otra alternativa habitacional ni alojativa, no vamos a permitir que una familia con 3 menores (repetimos, uno de ellos de sólo 4 meses) acabe pernoctando en la calle. Exigimos a todas las administraciones una resolución inmediata, a la SAREB que detenga este sinsentido y a toda la población de Tenerife y Canarias que se movilice para impedir este desalojo. Una sociedad en la que un bebé puede ser arrojado a la calle no merece ser considerada como tal.