Para que la vivienda deje de considerarse una mercancía con la que especular y pueda ser un bien destinado prioritariamente a cubrir una necesidad humana fundamental, proponemos:
1. Declarar oficialmente la “emergencia habitacional” en Canarias. Exigir a las distintas administraciones públicas que se coordinen y elaboren un estadillo de vivienda, exhaustivo y pormenorizado, en el que queden registrados todos los inmuebles a medio construir y todas las viviendas abandonadas en manos de fondos de inversión internacionales, entidades bancarias y la propia administración pública.
2. Iniciar un programa de expropiación y rehabilitación de inmuebles semiconstruidos y abandonados, en vez de potenciar el irresponsable “modelo del hormigón”, dadas las características geográficas y demográficas del archipiélago canario.
3. Que todas las nuevas promociones de vivienda deban destinar el 40% de lo construido a vivienda social.
4. Limitar el precio del alquiler, con especial sensibilidad en los barrios en los que se han iniciado procesos gentrificadores. Que el alquiler guarde relación con los ingresos del inquilino.
5. Expropiar las viviendas abandonadas (deshabitadas por un período superior a 2 años) que estén en manos de los grandes tenedores de viviendas, para destinarlas a vivienda social. La indemnización no podrá superar nunca el precio al que fueron adquiridas, siempre y cuando el precio de mercado no sea inferior.
6. Imposibilidad de desahuciar de la primera y única vivienda sin una alternativa habitacional digna. Esta alternativa habitacional debe ser garantizada por las instituciones públicas y por las entidades financieras, especialmente por las que tengan cualquier porcentaje de capital público.
7. Habilitación inmediata de viviendas públicas de emergencia que sirvan como plan de choque para paliar la situación de las personas que ya han sido desahuciadas y carecen de techo.
8. Promover el alquiler vitalicio, sobre todo en viviendas sociales.
9. Restringir el alquiler vacacional prioritariamente en suelo residencial.
10. Disolver la Sociedad Anónima Unipersonal VISOCAN, que gestiona el parque público de vivienda como si se tratara de una entidad privada, y crear otro modelo de gestión exclusivamente social con participación de los vecinos y colectivos sociales.
[Este programa fue presentado el 15 de abril de 2019. El post original es éste: https://sindicatodeinquilinasgc.noblogs.org/2019/04/15/hoy-presentamos-nuestro-programa-de-vivienda/]