La Marisma resiste

Hoy, 15 de junio, 8 de las 28 familias que componen la Comunidad La Marisma se enfrentaban a un juicio que casi con toda probabilidad acabaría en un proceso de desahucio. No obstante, la parte denunciante, Coral Homes, retiró la denuncia por usurpación y se suspendió la vista.

Esta victoria se ha conseguido tras el duro trabajo que tanto las vecinas como el sindicato, hombro con hombro, hemos realizado estas semanas. Las reuniones en la comunidad, la atención a medios de comunicación, la campaña lanzada por redes sociales (en la que hemos recibido un alcance y un apoyo que han sido fundamentales para lograr nuestros objetivos), la cartelería pegada por nuestros barrios, forzar a las instituciones municipales a colaborar con una mediación que inicialmente bloqueaban y la negociación directa con las partes implicadas fueron cruciales para que Coral Homes haya aceptado no seguir adelante con este procedimiento penal. Aún queda por resolverse el procedimiento civil, pero este éxito nos llena de motivación y fuerza para seguir luchando.

Aviso en La Marisma

A pesar de la retirada de la denuncia, recibimos una llamada de urgencia procedente de la comunidad, informando de que allí se había presentado un supuesto representante de la propiedad, acompañado de seguridad privada y operarios dispuestos a tapiar viviendas, a colocar cámaras y «puertas anti-okupas». Dispuestos, en definitiva, a realizar un desalojo extrajudicial a través de la fuerza bruta. Las vecinas presentes hicieron piña y no les dejaron pasar. Algunas compas se desplazaban hasta la comunidad mientras se llamaba a los medios de comunicación, a la mediación y se tocaban mil resortes más. La advertencia era clara: «están incurriendo en un delito de allanamiento de morada según el art. 202 del CP. Si tocan cualquier puerta de «La Marisma» iremos con todo contra ustedes». En pocos minutos el supuesto representante, con la presión de los vecinos y azorado por mil llamadas, abandonaba con las orejas gachas los exteriores de la comunidad, acompañado por toda su tropa.

Detrás de esta victoria hay muchas horas de trabajo y organización, mucha experiencia y mucho coraje. Sin el esfuerzo de las vecinas, la acción inmediata de nuestras compas y la presión mediática y de las organizaciones que nos apoyaron no habríamos logrado que la propiedad accediese a mediar y negociar, ni habríamos forzado al Ayuntamiento de Gáldar a ejercer sus funciones cuando se negó a atender la llamada de Building Center. Sin todo eso, estas familias habrían sido desahuciadas y las viviendas estarían tapiadas. La lucha continúa pero hoy somos más fuertes porque sabemos que 32 niños no dormirán en la calle.

Manifiesto: ¡PAREMOS EL DESAHUCIO DE “LA MARISMA”!

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más enérgica repulsa y nuestra oposición frontal al intento de desahucio por parte de CaixaBank (Coral Homes y Building Center) de la comunidad autogestionada “La Marisma”. Una comunidad ubicada en el municipio de Gáldar (Gran Canaria) y compuesta por una treintena de familias, por casi 70 personas con más de 30 menores. Desahuciar a estas familias, sin ofrecerles antes una alternativa habitacional digna, supondría un atentado inmobiliario que amenazaría la integridad física y moral de las afectadas.

Por todo ello:

Exigimos a CaixaBank que detenga inmediatamente este desahucio.

Exigimos al Ayuntamiento de Gáldar, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias que conminen a CaixaBank, sus filiales y empresas subalternas a que paralicen el desalojo y garanticen una alternativa alojativa en condiciones antes de que éste se produzca.

¡BASTA YA DE TERRORISMO INMOBILIARIO!

Firmas:

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Quieren echar a la calle a 28 familias en Gáldar

En Sardina del Norte (municipio de Gáldar, Gran Canaria) 28 familias (casi 70 personas) con 32 menores corren el riesgo inminente de ser expulsadas de sus hogares.

Cartel La Marisma

Hablamos de la comunidad “La Marisma”. Una urbanización que llevaba años abandonada y a la que llegaron casi 30 familias el pasado mes de enero (2021). Familias de clase trabajadora, sin recursos, supervivientes de varios desahucios anteriores y con una situación económica y social agravada por la crisis. Estas familias, dada su situación, buscaron por portales y redes sociales alquileres económicos. Contactaron con un supuesto promotor de viviendas que les facilitó las llaves a cambio de un adelanto de 100 euros por familia. Hecho el intercambio, el promotor desapareció y se volvió ilocalizable y ya no pudo formalizarse contrato alguno de arrendamiento. Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria entendemos que estas familias son víctimas de una estafa inmobiliaria. Actividad que se ha disparado en estos tiempos de pandemia.

Cartel La Caixa prodesahucios

Meses después, cuando ya han conseguido adecentar las viviendas y hacerlas habitables, personal de Building Center y Coral Homes, empresas pantallas de la Caixa, dedicadas a colocar sus activos y a especular, funcionando como fondos buitre, se dedican a hostigar a las familias. Las amenazan con tapiar sus casas con sus enseres dentro o con desalojarlas de madrugada sin previo aviso. Como la vía de las coacciones no ha sido suficiente para expulsar a las familias, Coral Homes ha iniciado la vía procesal y se dispone a echar a la calle a más de 30 menores sin ningún tipo de alternativa habitacional. Negándose, en todo momento, a iniciar ningún tipo de negociación.

El 15 de junio 8 familias se enfrentan a un juicio que acabará, al no poder demostrar “justo título”, con un inminente proceso de desahucio. Otras tantas ya han sido notificadas como “ocupantes ignorados” para comparecer en juzgados. Repetimos: 28 familias, casi 70 personas, 32 de ellas niños, van a ser arrojadas a la calle si no lo evitamos.

Cartel La Caixa prodesahucios 2

Recordemos que la Caixa fue rescatada en 2009 con 12.599 millones de dinero público, nuestro dinero. No podemos permitir que estas entidades expulsen de sus casas a las mismas familias que las rescataron con sus impuestos.

Exigimos a la Caixa, Coral Homes y Building Center que detengan este atentado terrorista inmobiliario de inmediato y que se sienten a negociar una solución alojativa para estas familias.

Exigimos al Ayuntamiento de Gáldar, al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y las distintas instituciones públicas que dejen de arrastrarse ante los poderes financieros, no escurran el bulto y busquen una alternativa habitacional para estas familias.

Si no se produce dicha alternativa, ninguna abandonará voluntariamente su hogar. Expulsar por la fuerza a más de 70 personas, con más de 30 menores, sería un crimen humanitario que no pensamos consentir. Si no se ofrece una solución real y digna, intentaremos movilizar a la opinión pública, también a nivel internacional, movilizar a la población obrera de nuestros barrios y, si nos obligan a ello, convocar un piquete antidesahucio para oponernos a la posibilidad de lanzamiento. Detengan esta locura ahora que estamos a tiempo.

Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria