Categoría: Comunicado

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Comunicado del SIGC con respecto a las subvenciones a empresas de «desokupación»

El Gobierno de Canarias subvenciona con dinero público a «empresas» que se dedican a desahuciar de forma extrajudicial a familias vulnerables canarias. Como anuncia en su página web desokupacanarias.es, la empresa «Desokupa Canarias” recibe fondos del programa «Fondo Europeo de Desarrollo Regional» de la Unión Europea, gestionado por el cuatripartito* de PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG.

Este tipo de «empresas» extorsionan, amenazan e incluso llegan a ejercer violencia física a familias vulnerables para ejecutar desahucios sin iniciar un procedimiento judicial.

El último caso ocurrió en el municipio grancanario de Telde. Como denuncia la persona afectada en Canarias7, una de estas empresas engañó a su hija menor para que le abriese la puerta. Cuando la menor accedió, la propiedad cambió la cerradura y desalojó a esta familia sin recursos de la que había sido su vivienda durante los últimos 20 años, impidiéndoles incluso recuperar sus pertenencias.

Muchos propietarios acuden a este tipo de «empresas» porque los desalojos extrajudiciales suponen para los propietarios una solución mucho más rápida y económica que iniciar un procedimiento judicial. Sin embargo, estos procedimientos pueden implicar una vulneración de los derechos de las personas desahuciadas, ya que no existen garantías legales y se les impide solicitar la mediación de los Servicios Sociales para garantizar una alternativa habitacional en caso de vulnerabilidad.

De hecho, el propio sistema judicial ya está pronunciándose con respecto al proceder de este tipo de «empresas». Como informa el periódico Levante-EMV, el Ministerio Fiscal en Valencia ha observado la posibilidad de que existan delitos de ejecución arbitraria del propio derecho y pide una pena de 12 años de prisión para tres trabajadores de una empresa de desokupación y 7.000 euros de multa para el propietario que les contrató.

Por lo tanto, denunciamos públicamente que el Gobierno de Canarias financie con dinero público a entidades que utilizan métodos mafiosos para desahuciar a personas vulnerables sin ningún tipo de garantías, algo que, en nuestra opinión, podría ser constitutivo de delito. Exigimos al Gobierno de Canarias que elimine esta subvención de inmediato, aclare por qué se ha otorgado y abra una investigación sobre los métodos y procedimientos de este tipo de sociedades.

* Fe de erratas: en la primera versión de este comunicado, pusimos equivocadamente «tripartito», cuando en realidad el pacto de gobierno en Canarias está suscrito por cuatro partidos. Disculpen el error.

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LA ILUSIÓN VENCE A LA DESESPERACIÓN

El mediodía del pasado viernes el concejal de vivienda del Ayto. de Telde y la trabajadora social de Fomentas nos han comunicado que la Sareb ha aceptado parar el lanzamiento previsto para el próximo lunes 27 de septiembre a las 9:30 de la mañana.

La presión mediática del SIGC y la FAGC ha forzado a la parte actora a paralizar este despropósito que iba a dejar a 38 personas (19 menores) en la calle después de que se les avisase sólo 4 días antes del lanzamiento.

Hoy las vecinas de «La Ilusión» respiran entre lágrimas porque finalmente no tendrán que buscar recursos de emergencias (coches, casetas, chabolas…) donde meter sus enseres y pasar la noche si el piquete no funcionaba.

No obstante mantenemos el piquete preventivo para el lunes a las 8:30 en «La Ilusión» (Calle 2 de mayo, Valle de los Nueve, Telde, a la altura del colegio) por si acaso. Ahora nos queda presionar para recuperar las negociaciones y asegurar un techo digno a estas familias.

¡Vivan las que luchan! ¡Viva el SIGC! ¡Viva la FAGC!

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Solidaridad desde Tenerife con «La Ilusión»

DESDE EL SIT NOS SOLIDARIZAMOS CON LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD LA ILUSIÓN EN TELDE, GRAN CANARIA

Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife (SIT) apoyamos a las 13 familias (38 personas, 19 de ellas menores) que componen la comunidad autogestionada de “La Ilusión”, ubicada en Telde (Gran Canaria), que recibieron el jueves 23/9/21, una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se les daba tan sólo 4 DÍAS para abandonar los que han sido sus hogares durante más de 4 años. Siendo advertidas de que, de no hacerlo, la fuerza pública se personaría en las viviendas y procedería a su lanzamiento a las 9:30 del día 27 de septiembre. Era una sentencia de lanzamiento firme y se les había denegado a las familias la posibilidad de recurrir y solicitar un abogado de oficio.

Quien propiciaba el desahucio era la SAREB, una entidad con un 45% de capital público y una deuda que pasó a computar como deuda pública del Estado que asciende a 35.000 millones de euros. Gracias a nuestras compañeras del SIGC y a su perseverancia, dicho desahucio previsto para este lunes ha quedado paralizado, aunque se mantendrá el piquete anti desahucios ante la desconfianza hacia la SAREB y las instituciones.

La realidad canaria es que, según datos facilitados por el Gobierno de Canarias, haya 17.253 familias esperando una vivienda pública, de los que 11.898 son demandantes de una casa en alquiler. Personas a quienes no se les está dando una alternativa habitacional. Sin embargo, existen más de 130.000 viviendas vacías en manos de los bancos. Bancos que recibieron 60.000 millones de euros a fondo perdido y que todas las familias trabajadoras, autónomos y pequeñas empresas están pagando y van a tener que seguir haciéndolo en los próximos años con sus impuestos, recaudados por el Estado español. El hecho es que hay viviendas suficientes en manos de los bancos (SAREB, Santander, BBVA, CaixaBank…) para todas estas familias necesitadas de vivienda en Canarias. Ha tenido que llegar la tragedia del volcán de La Palma para comprobarlo. Ayer se podía leer esto en la prensa (elDiario.es, 22/09/21):

“En la tarde de este miércoles, la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias informaba de que liberará de manera inminente los fondos precisos para la adquisición de las primeras 73 viviendas para ponerlas a disposición de los afectados en La Palma… Sobre ello, Sareb, la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) han anunciado que ponen a disposición de los afectados por la erupción del volcán en La Palma, de forma gratuita y mientras sea necesario, las viviendas que actualmente tengan disponibles en condiciones de habitabilidad en la isla de La Palma y zonas próximas.”

Hasta el Estado en Canarias tiene dinero para comprar 73 viviendas de un día para otro, mientras que, desde la crisis de 2008 hasta hoy, sólo había entregado 291 viviendas públicas. En un solo día promete un 25% de las viviendas públicas construidas en los 10 años anteriores para las familias afectadas por la erupción del volcán en La Palma, lo cual es de justicia. O sea, que viviendas hay, ¿Entonces? ¿Por qué siguen echando a las familias necesitadas de un techo si hay viviendas para todas?

Sí, en Canarias muchas familias están perdiendo sus casas. Pero a 13 de ellas no las quería echar la lava, sino la SAREB, los juzgados y la policía, es decir, los ricos y el Estado que les sirve. La erupción del volcán nos ha ayudado a comprender, en forma de tragedia, que existe la realidad canaria de la penuria de la vivienda para la clase trabajadora y el pueblo, mientras los grandes propietarios prefieren tener sus miles de viviendas vacías para especular con ellas.

Por todo ello desde el SIT nos solidarizamos y apoyamos a estas familias y al Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (SIGC), que sepan que no están solas. Pero que lo sepan también las Administraciones públicas, la SAREB y la justicia española.

Tenerife, a 24 de septiembre de 2021

Sindicato de Inquilinas de Tenerife (SIT)

AA VV San borondón de Chejelipe

AA VV Arguayoda – Las Acacias

Plataforma por el Derecho a una vivienda digna Montaña Clara

Plataforma Sur por la defensa de las pensiones públicas de Tenerife

Coordinadora Antifascista de Tenerife

LA CASA, Centro Social Autogestionado de La Orotava

Asociación Por La Libertad del Pueblo Saharaui (ALPS)

AMAC Asociación de Mujeres Africanas en Canarias

Red-Migrante Tenerife

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URGENTE: En 4 días quieren desahuciar a «La Ilusión»

Las 13 familias (38 personas, 19 de ellas menores) que componen la comunidad autogestionada de “La Ilusión”, ubicada en el municipio grancanario de Telde, han recibido hoy mismo (23/9/21) una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde les da tan sólo 4 DÍAS para abandonar los que han sido sus hogares desde hace más de 4 años. De lo contrario, la fuerza pública se personará en las viviendas y arrojará violentamente a las familias a las 9:30 del 27 de septiembre. Es una sentencia de lanzamiento firme, por lo que sorprendentemente se le ha denegado a las familias la posibilidad de recurrir y solicitar abogado de oficio.

Quien propicia el desahucio es la SAREB, una entidad con 45% de capital público y que, a pesar de haber llegado a un acuerdo de mediación (en el que también han estado implicadas las distintas instituciones públicas, del Ayuntamiento de Telde al Gobierno de Canarias) con las familias afectadas, al objeto de concederles un alquiler social, aún no ha dado una respuesta a nuestras múltiples demandas solicitando la paralización del desahucio.

En Canarias muchas familias están perdiendo sus casas. Pero a 13 de ellas no las echa la lava, sino la SAREB, juzgados y la policía. Que las cenizas del volcán no nos tapen la otra realidad canaria.

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Menos de un mes para evitar el desahucio de una familia con dos niños

Teresa, su marido enfermo y sus dos niños, de 13 y 8 años de edad, pueden verse en la calle en menos de 30 días. La familia, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, apenas percibe 700 euros de una mutua (por una enfermedad que incapacita al marido de Teresa para trabajar). Esos son los únicos ingresos de la unidad familiar. Sin poder hacer frente al alquiler de forma regular, los impagos se han ido acumulado. Ahora se enfrentan a una orden de lanzamiento en firme que supondrá, si no lo evitamos, que el próximo 7 de octubre a las 10:00 de la mañana la policía se personará en su único hogar para expulsarlos violentamente, incluyendo a los niños.

No más desahucios!

Cuando quien desahucia es un particular, entendemos, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que la pelota está en el tejado de las instituciones. Hemos contactado con todas ellas, desde el Ayuntamiento capitalino, al Cabildo Insular y el Gobierno de Canaria, para poner en su conocimiento el caso de Teresa. Hemos de reconocer que la respuesta desde Ayuntamiento y Gobierno ha sido inusitadamente rápida y han manifestado estar dispuestos a encontrar una solución. Sin embargo, la fecha del desahucio se acerca y esa solución aún no se ha materializado.

Teresa y su familia viven una constante angustia. Como miles de familias, son prisioneros en el “corredor del desahucio”, sabiendo que cada día que pasa está más cerca el fatídico día del lanzamiento. Esto no es un caso aislado ni un hecho fortuito fruto de la mala suerte de Teresa. Esto es responsabilidad directa de nuestro modelo económico, político y social. Las instituciones tienen que explicarnos por qué la media del alquiler en una provincia como Las Palmas ronda los 1.000 euros, cuando tenemos oficialmente los salarios más bajos del Estado. Tienen que explicarnos por qué habiendo 150.000 casas abandonadas en el archipiélago, más de 300 familias como la de Teresa son desahuciadas cada trimestre. Tienen que explicarnos, en definitiva, si van a permitir que Teresa, su marido enfermo y sus dos hijos sean arrojados a la calle.

Necesitamos actos y resultados, no propaganda. Si no hay una respuesta institucional tendrá que haber una respuesta popular y callejera para evitar que una familia con menores sea lanzada a la intemperie.

 

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La Marisma resiste

Hoy, 15 de junio, 8 de las 28 familias que componen la Comunidad La Marisma se enfrentaban a un juicio que casi con toda probabilidad acabaría en un proceso de desahucio. No obstante, la parte denunciante, Coral Homes, retiró la denuncia por usurpación y se suspendió la vista.

Esta victoria se ha conseguido tras el duro trabajo que tanto las vecinas como el sindicato, hombro con hombro, hemos realizado estas semanas. Las reuniones en la comunidad, la atención a medios de comunicación, la campaña lanzada por redes sociales (en la que hemos recibido un alcance y un apoyo que han sido fundamentales para lograr nuestros objetivos), la cartelería pegada por nuestros barrios, forzar a las instituciones municipales a colaborar con una mediación que inicialmente bloqueaban y la negociación directa con las partes implicadas fueron cruciales para que Coral Homes haya aceptado no seguir adelante con este procedimiento penal. Aún queda por resolverse el procedimiento civil, pero este éxito nos llena de motivación y fuerza para seguir luchando.

Aviso en La Marisma

A pesar de la retirada de la denuncia, recibimos una llamada de urgencia procedente de la comunidad, informando de que allí se había presentado un supuesto representante de la propiedad, acompañado de seguridad privada y operarios dispuestos a tapiar viviendas, a colocar cámaras y «puertas anti-okupas». Dispuestos, en definitiva, a realizar un desalojo extrajudicial a través de la fuerza bruta. Las vecinas presentes hicieron piña y no les dejaron pasar. Algunas compas se desplazaban hasta la comunidad mientras se llamaba a los medios de comunicación, a la mediación y se tocaban mil resortes más. La advertencia era clara: «están incurriendo en un delito de allanamiento de morada según el art. 202 del CP. Si tocan cualquier puerta de «La Marisma» iremos con todo contra ustedes». En pocos minutos el supuesto representante, con la presión de los vecinos y azorado por mil llamadas, abandonaba con las orejas gachas los exteriores de la comunidad, acompañado por toda su tropa.

Detrás de esta victoria hay muchas horas de trabajo y organización, mucha experiencia y mucho coraje. Sin el esfuerzo de las vecinas, la acción inmediata de nuestras compas y la presión mediática y de las organizaciones que nos apoyaron no habríamos logrado que la propiedad accediese a mediar y negociar, ni habríamos forzado al Ayuntamiento de Gáldar a ejercer sus funciones cuando se negó a atender la llamada de Building Center. Sin todo eso, estas familias habrían sido desahuciadas y las viviendas estarían tapiadas. La lucha continúa pero hoy somos más fuertes porque sabemos que 32 niños no dormirán en la calle.

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Manifiesto: ¡PAREMOS EL DESAHUCIO DE “LA MARISMA”!

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más enérgica repulsa y nuestra oposición frontal al intento de desahucio por parte de CaixaBank (Coral Homes y Building Center) de la comunidad autogestionada “La Marisma”. Una comunidad ubicada en el municipio de Gáldar (Gran Canaria) y compuesta por una treintena de familias, por casi 70 personas con más de 30 menores. Desahuciar a estas familias, sin ofrecerles antes una alternativa habitacional digna, supondría un atentado inmobiliario que amenazaría la integridad física y moral de las afectadas.

Por todo ello:

Exigimos a CaixaBank que detenga inmediatamente este desahucio.

Exigimos al Ayuntamiento de Gáldar, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias que conminen a CaixaBank, sus filiales y empresas subalternas a que paralicen el desalojo y garanticen una alternativa alojativa en condiciones antes de que éste se produzca.

¡BASTA YA DE TERRORISMO INMOBILIARIO!

Firmas:

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Quieren echar a la calle a 28 familias en Gáldar

En Sardina del Norte (municipio de Gáldar, Gran Canaria) 28 familias (casi 70 personas) con 32 menores corren el riesgo inminente de ser expulsadas de sus hogares.

Cartel La Marisma

Hablamos de la comunidad “La Marisma”. Una urbanización que llevaba años abandonada y a la que llegaron casi 30 familias el pasado mes de enero (2021). Familias de clase trabajadora, sin recursos, supervivientes de varios desahucios anteriores y con una situación económica y social agravada por la crisis. Estas familias, dada su situación, buscaron por portales y redes sociales alquileres económicos. Contactaron con un supuesto promotor de viviendas que les facilitó las llaves a cambio de un adelanto de 100 euros por familia. Hecho el intercambio, el promotor desapareció y se volvió ilocalizable y ya no pudo formalizarse contrato alguno de arrendamiento. Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria entendemos que estas familias son víctimas de una estafa inmobiliaria. Actividad que se ha disparado en estos tiempos de pandemia.

Cartel La Caixa prodesahucios

Meses después, cuando ya han conseguido adecentar las viviendas y hacerlas habitables, personal de Building Center y Coral Homes, empresas pantallas de la Caixa, dedicadas a colocar sus activos y a especular, funcionando como fondos buitre, se dedican a hostigar a las familias. Las amenazan con tapiar sus casas con sus enseres dentro o con desalojarlas de madrugada sin previo aviso. Como la vía de las coacciones no ha sido suficiente para expulsar a las familias, Coral Homes ha iniciado la vía procesal y se dispone a echar a la calle a más de 30 menores sin ningún tipo de alternativa habitacional. Negándose, en todo momento, a iniciar ningún tipo de negociación.

El 15 de junio 8 familias se enfrentan a un juicio que acabará, al no poder demostrar “justo título”, con un inminente proceso de desahucio. Otras tantas ya han sido notificadas como “ocupantes ignorados” para comparecer en juzgados. Repetimos: 28 familias, casi 70 personas, 32 de ellas niños, van a ser arrojadas a la calle si no lo evitamos.

Cartel La Caixa prodesahucios 2

Recordemos que la Caixa fue rescatada en 2009 con 12.599 millones de dinero público, nuestro dinero. No podemos permitir que estas entidades expulsen de sus casas a las mismas familias que las rescataron con sus impuestos.

Exigimos a la Caixa, Coral Homes y Building Center que detengan este atentado terrorista inmobiliario de inmediato y que se sienten a negociar una solución alojativa para estas familias.

Exigimos al Ayuntamiento de Gáldar, al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y las distintas instituciones públicas que dejen de arrastrarse ante los poderes financieros, no escurran el bulto y busquen una alternativa habitacional para estas familias.

Si no se produce dicha alternativa, ninguna abandonará voluntariamente su hogar. Expulsar por la fuerza a más de 70 personas, con más de 30 menores, sería un crimen humanitario que no pensamos consentir. Si no se ofrece una solución real y digna, intentaremos movilizar a la opinión pública, también a nivel internacional, movilizar a la población obrera de nuestros barrios y, si nos obligan a ello, convocar un piquete antidesahucio para oponernos a la posibilidad de lanzamiento. Detengan esta locura ahora que estamos a tiempo.

Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria