Menos de un mes para evitar el desahucio de una familia con dos niños

Teresa, su marido enfermo y sus dos niños, de 13 y 8 años de edad, pueden verse en la calle en menos de 30 días. La familia, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, apenas percibe 700 euros de una mutua (por una enfermedad que incapacita al marido de Teresa para trabajar). Esos son los únicos ingresos de la unidad familiar. Sin poder hacer frente al alquiler de forma regular, los impagos se han ido acumulado. Ahora se enfrentan a una orden de lanzamiento en firme que supondrá, si no lo evitamos, que el próximo 7 de octubre a las 10:00 de la mañana la policía se personará en su único hogar para expulsarlos violentamente, incluyendo a los niños.

No más desahucios!

Cuando quien desahucia es un particular, entendemos, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que la pelota está en el tejado de las instituciones. Hemos contactado con todas ellas, desde el Ayuntamiento capitalino, al Cabildo Insular y el Gobierno de Canaria, para poner en su conocimiento el caso de Teresa. Hemos de reconocer que la respuesta desde Ayuntamiento y Gobierno ha sido inusitadamente rápida y han manifestado estar dispuestos a encontrar una solución. Sin embargo, la fecha del desahucio se acerca y esa solución aún no se ha materializado.

Teresa y su familia viven una constante angustia. Como miles de familias, son prisioneros en el “corredor del desahucio”, sabiendo que cada día que pasa está más cerca el fatídico día del lanzamiento. Esto no es un caso aislado ni un hecho fortuito fruto de la mala suerte de Teresa. Esto es responsabilidad directa de nuestro modelo económico, político y social. Las instituciones tienen que explicarnos por qué la media del alquiler en una provincia como Las Palmas ronda los 1.000 euros, cuando tenemos oficialmente los salarios más bajos del Estado. Tienen que explicarnos por qué habiendo 150.000 casas abandonadas en el archipiélago, más de 300 familias como la de Teresa son desahuciadas cada trimestre. Tienen que explicarnos, en definitiva, si van a permitir que Teresa, su marido enfermo y sus dos hijos sean arrojados a la calle.

Necesitamos actos y resultados, no propaganda. Si no hay una respuesta institucional tendrá que haber una respuesta popular y callejera para evitar que una familia con menores sea lanzada a la intemperie.

 

La Marisma resiste

Hoy, 15 de junio, 8 de las 28 familias que componen la Comunidad La Marisma se enfrentaban a un juicio que casi con toda probabilidad acabaría en un proceso de desahucio. No obstante, la parte denunciante, Coral Homes, retiró la denuncia por usurpación y se suspendió la vista.

Esta victoria se ha conseguido tras el duro trabajo que tanto las vecinas como el sindicato, hombro con hombro, hemos realizado estas semanas. Las reuniones en la comunidad, la atención a medios de comunicación, la campaña lanzada por redes sociales (en la que hemos recibido un alcance y un apoyo que han sido fundamentales para lograr nuestros objetivos), la cartelería pegada por nuestros barrios, forzar a las instituciones municipales a colaborar con una mediación que inicialmente bloqueaban y la negociación directa con las partes implicadas fueron cruciales para que Coral Homes haya aceptado no seguir adelante con este procedimiento penal. Aún queda por resolverse el procedimiento civil, pero este éxito nos llena de motivación y fuerza para seguir luchando.

Aviso en La Marisma

A pesar de la retirada de la denuncia, recibimos una llamada de urgencia procedente de la comunidad, informando de que allí se había presentado un supuesto representante de la propiedad, acompañado de seguridad privada y operarios dispuestos a tapiar viviendas, a colocar cámaras y «puertas anti-okupas». Dispuestos, en definitiva, a realizar un desalojo extrajudicial a través de la fuerza bruta. Las vecinas presentes hicieron piña y no les dejaron pasar. Algunas compas se desplazaban hasta la comunidad mientras se llamaba a los medios de comunicación, a la mediación y se tocaban mil resortes más. La advertencia era clara: «están incurriendo en un delito de allanamiento de morada según el art. 202 del CP. Si tocan cualquier puerta de «La Marisma» iremos con todo contra ustedes». En pocos minutos el supuesto representante, con la presión de los vecinos y azorado por mil llamadas, abandonaba con las orejas gachas los exteriores de la comunidad, acompañado por toda su tropa.

Detrás de esta victoria hay muchas horas de trabajo y organización, mucha experiencia y mucho coraje. Sin el esfuerzo de las vecinas, la acción inmediata de nuestras compas y la presión mediática y de las organizaciones que nos apoyaron no habríamos logrado que la propiedad accediese a mediar y negociar, ni habríamos forzado al Ayuntamiento de Gáldar a ejercer sus funciones cuando se negó a atender la llamada de Building Center. Sin todo eso, estas familias habrían sido desahuciadas y las viviendas estarían tapiadas. La lucha continúa pero hoy somos más fuertes porque sabemos que 32 niños no dormirán en la calle.

Manifiesto: ¡PAREMOS EL DESAHUCIO DE “LA MARISMA”!

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más enérgica repulsa y nuestra oposición frontal al intento de desahucio por parte de CaixaBank (Coral Homes y Building Center) de la comunidad autogestionada “La Marisma”. Una comunidad ubicada en el municipio de Gáldar (Gran Canaria) y compuesta por una treintena de familias, por casi 70 personas con más de 30 menores. Desahuciar a estas familias, sin ofrecerles antes una alternativa habitacional digna, supondría un atentado inmobiliario que amenazaría la integridad física y moral de las afectadas.

Por todo ello:

Exigimos a CaixaBank que detenga inmediatamente este desahucio.

Exigimos al Ayuntamiento de Gáldar, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias que conminen a CaixaBank, sus filiales y empresas subalternas a que paralicen el desalojo y garanticen una alternativa alojativa en condiciones antes de que éste se produzca.

¡BASTA YA DE TERRORISMO INMOBILIARIO!

Firmas:

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Quieren echar a la calle a 28 familias en Gáldar

En Sardina del Norte (municipio de Gáldar, Gran Canaria) 28 familias (casi 70 personas) con 32 menores corren el riesgo inminente de ser expulsadas de sus hogares.

Cartel La Marisma

Hablamos de la comunidad “La Marisma”. Una urbanización que llevaba años abandonada y a la que llegaron casi 30 familias el pasado mes de enero (2021). Familias de clase trabajadora, sin recursos, supervivientes de varios desahucios anteriores y con una situación económica y social agravada por la crisis. Estas familias, dada su situación, buscaron por portales y redes sociales alquileres económicos. Contactaron con un supuesto promotor de viviendas que les facilitó las llaves a cambio de un adelanto de 100 euros por familia. Hecho el intercambio, el promotor desapareció y se volvió ilocalizable y ya no pudo formalizarse contrato alguno de arrendamiento. Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria entendemos que estas familias son víctimas de una estafa inmobiliaria. Actividad que se ha disparado en estos tiempos de pandemia.

Cartel La Caixa prodesahucios

Meses después, cuando ya han conseguido adecentar las viviendas y hacerlas habitables, personal de Building Center y Coral Homes, empresas pantallas de la Caixa, dedicadas a colocar sus activos y a especular, funcionando como fondos buitre, se dedican a hostigar a las familias. Las amenazan con tapiar sus casas con sus enseres dentro o con desalojarlas de madrugada sin previo aviso. Como la vía de las coacciones no ha sido suficiente para expulsar a las familias, Coral Homes ha iniciado la vía procesal y se dispone a echar a la calle a más de 30 menores sin ningún tipo de alternativa habitacional. Negándose, en todo momento, a iniciar ningún tipo de negociación.

El 15 de junio 8 familias se enfrentan a un juicio que acabará, al no poder demostrar “justo título”, con un inminente proceso de desahucio. Otras tantas ya han sido notificadas como “ocupantes ignorados” para comparecer en juzgados. Repetimos: 28 familias, casi 70 personas, 32 de ellas niños, van a ser arrojadas a la calle si no lo evitamos.

Cartel La Caixa prodesahucios 2

Recordemos que la Caixa fue rescatada en 2009 con 12.599 millones de dinero público, nuestro dinero. No podemos permitir que estas entidades expulsen de sus casas a las mismas familias que las rescataron con sus impuestos.

Exigimos a la Caixa, Coral Homes y Building Center que detengan este atentado terrorista inmobiliario de inmediato y que se sienten a negociar una solución alojativa para estas familias.

Exigimos al Ayuntamiento de Gáldar, al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y las distintas instituciones públicas que dejen de arrastrarse ante los poderes financieros, no escurran el bulto y busquen una alternativa habitacional para estas familias.

Si no se produce dicha alternativa, ninguna abandonará voluntariamente su hogar. Expulsar por la fuerza a más de 70 personas, con más de 30 menores, sería un crimen humanitario que no pensamos consentir. Si no se ofrece una solución real y digna, intentaremos movilizar a la opinión pública, también a nivel internacional, movilizar a la población obrera de nuestros barrios y, si nos obligan a ello, convocar un piquete antidesahucio para oponernos a la posibilidad de lanzamiento. Detengan esta locura ahora que estamos a tiempo.

Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria

Comunicado de apoyo a Ruymán Rodríguez

El próximo 24 de marzo la ejemplar democracia española celebrará una nueva farsa, un juicio por otro montaje policial y judicial que sólo busca esconder otro caso de torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La fiscalía pide 1 año y 6 meses de cárcel, además de 770 euros de multa, a nuestro compañero Ruymán Rodríguez por supuestamente haber dado una patada a un guardia civil en el cuartelillo donde se le retenía y torturaba después de una detención ilegal.

El juicio se enmarca, sospechosamente, en una ola represiva agravada que ha acabado con Pablo Hasel y Elgio condenados por sus letras, y con varios detenidos en las protestas que se han organizado como consecuencia de ello en varias ciudades del Estado. Frente al aumento de la desigualdad, la ausencia de futuro y oportunidades y la incertidumbre, la respuesta del Estado es armarse y dar palos. Al mismo tiempo, en Canarias, el gobierno «más progresista de la historia» encierra a miles de migrantes en auténticos campos de concentración bajo condiciones inhumanas, vulnerando sus derechos como seres humanos. Mientras, se reproduce el discurso fascista, generando un terreno propicio para su crecimiento y normalización.

No esperamos nada de un sistema judicial que nunca irá contra sus propios agentes. Y mucho menos cuando es un anarquista a quien juzgan. A la fiscalía le basta un montaje cutre y torpe de unos guardias civiles que se asustaron cuando nuestro compañero comenzó a vomitar sangre. Les da igual que la detención haya sido ilegal: todo es parte de los esfuerzos del Estado, con la colaboración de algunos medios afines, para tumbar el proyecto autogestionario de «La Esperanza», que durante 9 años ha dado cobijo a más de 200 personas y que se ha replicado en otros puntos de la isla.

Hemos destapado las miserias de las instituciones por encima de sus expectativas. Hemos realojado a más personas en Canarias que las administraciones públicas juntas y hemos politizado y organizado a «esa chusma y esa gentuza», como les llamaban los guardias civiles mientras torturaban a nuestro compañero. Por eso, en su torpeza e ignorancia, procesan a nuestro compañero; porque creen que una vez decapitada, la serpiente se morirá. Lo que no entienden es que la FAGC y el SIGC no funcionan con líderes. No les cabe en su cuadrada cabeza de funcionarios jerarquizados que somos la respuesta organizada de la necesidad de miles de personas que ninguna de sus leyes y cuerpos represivos logrará aplacar: la vida y la dignidad.

Nos negamos, no obstante, a que nuestro hermano acabe en la cárcel por haberse dejado literalmente la salud y la vida para que cientos de familias tengan techo, para que reciban atención sanitaria, para que coman. Nos tendrán en frente. Por ello las afiliadas del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria llamamos a todos los colectivos e individuos del Estado y el resto del mundo a mostrar su solidaridad con nuestro compañero. Porque su lucha, como la de tantas otras que ya están en la cárcel, es la de todas y su destino puede también ser el de todas.

¡¡Libertad para Ruymán!! ¡¡Basta ya de represión policial!!

Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria

Federación Anarquista de Gran Canaria

 

Una mujer de 90 años y su hijo enfermo se enfrentan a un desahucio sin alternativa habitacional en Las Palmas de Gran Canaria

María Maravilla tiene 90 años y desde hace 5 años vive en un pequeño apartamento en el barrio de La Isleta con su hijo enfermo. Los ingresos de María Maravilla y su hijo rondan los 600 euros, cuya mitad se diluye en los 300 euros que paga por el pequeño apartamento que tiene arrendado en el popular barrio capitalino. Cuando no les da se alimentan gracias a ayudas caritativas.

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English versions of «Our own Shock Plan» and «Rent Strike Manifesto»

Our own «Shock Plan»

The Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (Tenants Union of Gran Canaria, SIGC) and the Federación Anarquista de Gran Canaria (Anarchist Federation of Gran Canaria, FAGC) publicly adhere to the «Social Shock Plan» developed by several social organizations across the Spanish State in response to the sanitary, economic and social crisis caused by the Covid-19.

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