Category Archives: Abusos alquiler

Abusos de la clase propietaria

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria quiere poner en conocimiento de la opinión pública algunos de los abusos a los que los caseros, muchos de ellos multirentistas, están sometiendo a la clase inquilina de Gran Canaria. Una de nuestras afiliadas (que por miedo a las represalias prefiere guardar el anonimato y a la que llamaremos “Patricia”) nos relata la sucesión de abusos que ella misma sufre y que ya ha denunciado en sede judicial. Sus caseros, una pareja dedicada exclusivamente a la especulación inmobiliaria, han intentado entrar en varias ocasiones en la vivienda, ignorando el delito de allanamiento de morada que esto supone. Se han negado a que cambie el cilindro de la cerradura o a que ponga los suministros de agua y luz a su nombre, a pesar de que la ley es clara al respecto. Le roban reiteradamente las cartas (el buzón está roto y se niegan a arreglarlo), y muchas veces “Patricia” se encuentra sus cartas rotas en el rellano o tiradas por la carretera adyacente. Que esto sea un delito les da completamente igual. Se niegan a realizar cualquier arreglo en la vivienda, como unas tremendas goteras que inundan la casa tras cada lluvia, a pesar de que se les ha notificado previamente, verbalmente y vía burofax. Las reclamaciones de nuestra afiliada son respondidas con amenazas (“o dejas de molestar o te echamos a la puta calle”) y con nuevos episodios de acoso inmobiliario; por ejemplo: con cortes de agua desde el cuarto de contadores.

“Patricia” y sus hijos viven sometidos a una tensión constante por parte de sus caseros y no son los únicos inquilinos que han tenido problemas con los mismos propietarios. Según nos informan, otros vecinos han descubierto que les han alquilado una casa que estaba en proceso de embargo bancario y han tenido que abandonar su hogar, a pesar de pagar regularmente las rentas, cuando la entidad bancaria ha ido a reclamar un inmueble que daba por vacío. Desinformados y asustados, han preferido evitar las reclamaciones judiciales y someterse al desalojo voluntario. Para esta pareja de rentistas, alquilar casas sin registrar, en ocasiones embargadas y sin otro acuerdo contractual que un contrato modelo sacado de Internet, se ha convertido en un lucrativo y parasitario negocio.

“Patricia” es una madre trabajadora que paga regularmente su alquiler: 450 euros en la Vega de San Mateo, Gran Canaria. Paga además sus suministros y, posiblemente, el de otra casa, ya que su vivienda es una ampliación de otra, la instalación es muy precaria, paga una suma desorbitante (hasta 130 euros mensuales de luz) y en el recibo de la compañía (cuando consigue recogerlo del buzón) viene siempre el número de la vivienda adyacente. No nos encontramos, por tanto, ante un problema de impago, finalización de contrato, reclamación de la vivienda para uso propio del casero, o los típicos conflictos casero/inquilino que solemos tratar. Nos encontramos ante un problema de abuso que desde el SIGC denunciamos públicamente, tal y como ya hemos ayudado a hacer legalmente, redactando la denuncia de “Patricia”.

Sabemos que no es un caso único, por eso queremos hacer un llamamiento a la clase inquilina de Gran Canaria para que se una y no deje de señalar estos desmanes. La ley se encarga principalmente de proteger la propiedad privada. Los caseros lo saben y usan este privilegio. Pero ante sus privilegios están nuestros derechos y estos se conquistan diariamente no permitiendo que las agresiones capitalistas queden impunes. Desde el SIGC haremos campaña con nuestro label sindical para marcar este inmueble, impedir que ningún nuevo inquilino sea engañado y que nadie acceda por error a un alquiler donde no se respetan los derechos del inquilinato. Si nos impiden vivir les impediremos hacer negocio con nuestras vidas.

La media de alquiler en Las Palmas es superior al Salario Mínimo Interprofesional

Artículo publicado en Canarias Ahora el 26 de Abril de 2019. Autora: Silvia Álamo (https://twitter.com/@SilviAlamoo)

“Magnífico piso en una zona céntrica de Las Palmas de Gran Canaria”; “bonito estudio en el centro de la ciudad”; “piso amueblado, práctico, muy bien comunicado” o “sólo buscamos funcionarios”. Así comienzan muchos de los anuncios de viviendas de alquiler en diferentes webs en Canarias. Y continúan, “tres meses de fianza”; “contrato fijo y nómina superior a los 18.000 euros anuales”; “al menos un aval”, etc. Cada día se publicitan en las Islas cientos de pisos con unos precios que, lejos de facilitar el acceso a la vivienda, contribuyen a la creación de barreras económicas y burocráticas. La ausencia de una política de vivienda que ‘meta mano’ en este asunto se traduce en unos resultados objetivos: 997 de euros de media en el precio de alquiler en la provincia de Las Palmas, según un informe del portal inmobiliario Pisos.com, y 138.000 inmuebles vacíos en el Archipiélago. Continue reading

El SIGC lanza su label sindical

Label es una voz inglesa y significa etiqueta, sello o marca. El label sindical es una herramienta de presión obrera que los sindicatos revolucionarios llevan practicando desde hace más de un siglo. La CGT de Francia (en su primera etapa, cuando era impulsada por anarcosindicalistas como Emile Pouget), la IWW de Norteamérica o la CNT en el Estado español adoptaron de forma eficiente y durante distintas etapas este método de acción directa (resolver los problemas laborales a través de la propia intervención obrera, sin intermediarios). Continue reading

Desahucio inminente de María y su niño de 5 años

Hace apenas unas horas, este jueves 10 de enero, a las 7 de la tarde, acaba de contactar con el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, María del Pino Santa González, una madre soltera con un hijo de 5 años exclusivamente a su cargo. Su situación es desesperada. El próximo lunes día 14 tiene una resolución judicial firme (contra la que ya no se puede recurrir) en la que le ordenan abandonar su vivienda, en Casablanca 1 (Las Palmas de Gran Canaria), a las 12 del mediodía. María y su hijo van a ser desahuciados, si no hacemos algo para impedirlo.

El contrato de alquiler de María ha expirado. Ella cobra un subsidio de 540 euros y con esos ingresos nadie está dispuesto a ofrecerle un alquiler. Por más que ha buscado no encuentra una solución. Además es víctima reconocida, con sentencia firme, de violencia de género. Su situación de absoluta vulnerabilidad se ve agravada porque recordamos que también víctima del desahucio será su hijo de sólo 5 años. El mayor miedo de María es que los servicios sociales le arrebaten a su hijo. No lo podemos permitir. Es urgente tomar medidas para evitarlo.

1º Convocamos a todos los medios de comunicación para que se hagan eco de la noticia, a pesar del poco margen de tiempo, para que contacten directamente con la afectada y puedan dar voz a su historia para que sea conocida por la opinión pública. El Sindicato de Inquilinos también se pone a su disposición.

2º Sin casi margen para maniobrar legalmente, se intentará presentar un escrito en juzgados sin mucha fe de que tenga resultado.

3º Hacemos un llamamiento a las instituciones públicas competentes (especialmente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias) para que no hagan dejación de sus funciones y ofrezcan una solución habitacional, aunque sea inicialmente temporal, que impidan que María y su niño acaben el lunes 14 durmiendo en la calle.

4º Si no hay ninguna solución para esta familia, no quedará otra vía que parar el desahucio a través de la movilización popular. Éste es el penúltimo cartucho que nos queda en la recámara y esperamos no tener que recurrir a él.

Exigimos una solución para María y su hijo. Canarias vive una situación de emergencia habitacional, de verdadero terrorismo inmobiliario, donde los derechos de las personas inquilinas sin recursos cada vez valen menos. Hemos de detener esta situación antes de que más vidas se sigan rompiendo de forma definitiva.

Crónica de un deshaucio

Macarena, de 48 años, tenía un trabajo precario, como tanta gente. Y como tanta gente, vivía en una casa precaria de alquiler con sus dos hijos, un muchacho de 25 años y una niña de 11, que padece crisis asmáticas y alergia al polvo, ácaros y a otras inmundicias.

Macarena y los niños vivían una situación de abusos de su casero, Jerónimo Méndez Hernández, quien tenía puesto un mismo contador de luz para su vivienda y la del vecino, y a este le había hecho un contrato falso de alquiler firmando el mismo casero como el inquilino, y otras hazañas similares. Además, posee en ese inmueble un palomar abandonado lleno de heces de palomas, cadáveres y basura que provocaba en la niña frecuentes crisis alérgicas y asmáticas. La situación económica de la familia le impedía mudarse a una vivienda menos insalubre.

Hasta que Macarena se queda sin trabajo, la familia no puede afrontar el alquiler y a la vez seguir comiendo, y es denunciada por este individuo, recibiendo una citación para abandonar su casa en cinco días, momento en que contacta con este sindicato. Se le informa de que es ilegal dar un plazo tan corto, y que contacte con un abogado de oficio para que le expida una solicitud de aplazamiento de un mes del lanzamiento, en base al artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El escrito es aceptado, pero, no sabemos por qué razón, en vez de un mes le dan menos tiempo. El abogado de oficio, inexplicablemente, deja de hacerse cargo de su problema y así se lo anuncia.

Así que con el día del desahucio encima, y sin apenas tiempo, se organiza la resistencia. Se le aconseja bloquear los accesos a la vivienda, y se va a casa de un vecino con algunas pertenencias, para que, si en el peor de los escenarios entrasen, no la encontraran en el interior y la pudieran detener por obstrucción a la “justicia”. Los hijos son enviados fuera, a buen recaudo, con el fin de que no tuvieran que vivir una situación que en el caso más suave podría ser traumática…

Ese mismo día, antes de la llegada de los agentes, se bloquea la entrada con puntales y cadenas, de manera que para entrar tengan que destrozar la puerta y alguna zona adyacente donde están fijadas las cadenas, extremo al que no se suele llegar, dado que el casero no suele querer estropear su propiedad.

Y sin embargo, trágicamente, se da el peor escenario posible, en el que el casero ordena a los agentes judiciales el derribo de la puerta. Tras numerosos golpes y grandes estrépitos que resuenan en toda la casa y parte del vecindario, y sumen a Macarena en una crisis de ansiedad y terror, entran junto con la autoridad el casero y el nuevo inquilino, lo cual hace pensar que lo tenían planeado de antemano. Estos se ponen a festejarlo y a gritar burlas e insultos crueles contra Macarena y su familia. Dentro de la casa quedan sus escasos enseres, algunos muebles en los dos pequeños cuartos donde vivían hacinados y una nevera con comida, nada de lo cual pudo recuperar.

A la llegada de la niña, y a pesar de querer dulcificar el terrible suceso, al ver que ya no tenía hogar sufre una crisis nerviosa, que la sumiría en una agonía de pánico, miedo e insomnio durante cerca de dos días.

Una historia más que cotidiana en el Estado del Gobierno Neofranquista.