En la mañana de ayer, 12 de junio, las vecinas de los barracones de Juan Grande ofrecieron una rueda de prensa con el fin de hacer público el conflicto que mantienen con los herederos del conde de la Vega Grande. En ella explicaron ante los medios el posible desalojo al que se enfrentan 19 familias, entre las que se cuentan 24 menores de edad, varios ancianos y personas con enfermedades crónicas. Ana, Milagrosa y Ayesa, mujeres que representan a tres generaciones distintas, pusieron voz a la lucha de 63 personas que pueden verse en la calle de la noche a la mañana.
Ana, una mujer que ha vivido 27 de sus 75 años en los barracones, empleó su intervención para denunciar las mentiras del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, quien declaró a una televisión local que los vecinos habían firmado un contrato de alquiler con el conde. Ana, que ha sufrido dos infartos y una insuficiencia renal en los últimos nueve meses, afirmó que la corporación municipal no les ha ofrecido ninguna alternativa habitacional hasta el momento y se mostró escéptica ante un alcalde que siempre les ha dado la espalda.
En segundo lugar, Ayesa, la más joven de las tres, narró cómo un empleado del conde se presentó un día a las 8 de la mañana en los barracones y sin previo aviso comenzó a derribar la casa colindante a la suya con un martillo amortiguador. En dicha casa vivía la única vecina que tenía relación de alquiler con el conde: al rescindir el contrato con éste, la vecina abandonó la vivienda. Ayesa tiene un bebé de 14 meses que despertó ese día entre el pánico y el desconcierto que sembraba el ruido atronador del martillo. Llamaron a la policía para denunciar el abuso, pero nunca aparecieron. Entonces decidieron convocar a los medios y el empleado se esfumó al verlos llegar. Contó la joven que cuando el abogado del conde le entregó en mano la carta por la cual se les conminaba a desalojar sus hogares, ella le preguntó que a dónde irían. No obtuvo respuesta.
Por su parte, Milagrosa declaró que las familias de los barracones habían solicitado viviendas sociales dignas y acordes a la situación económica de cada una. Si, como se afirma desde las instituciones, no hay suficientes viviendas públicas, exigió que les permitiesen quedarse en sus casas hasta que la administración construya nuevas viviendas. Es preciso recordar que, según se recoge incluso en documentos firmados por el conde, estas casas aparecen descritas como “cuartuchos para animales”. Sólo el enorme esfuerzo y los magros recursos económicos de las familias han logrado convertirlas en viviendas dignas y acogedoras. Milagrosa aprovechó para subrayar la desconfianza de las familias hacia los partidos políticos, que hasta ahora no han movido un dedo para ayudarles.
Tras la intervención de las tres portavoces, miembros del Sindicato de Inquilinas denunciaron que la administración había incumplido su compromiso de realojar a las familias afectadas por la modificación del Plan General de Ordenación Territorial. Según este plan general, el terreno en el que están los barracones fue declarado «zona industrial» y los vecinos afirman que el alcalde les confesó que el ayuntamiento tiene la intención de comprarlo para construir una nave industrial. Por otro lado, los miembros del SIGC lamentaron que en pleno siglo XXI, en un Estado que presume de ser adalid de los Derechos Humanos, se pisotee sin reparo el derecho de estas personas a una vivienda digna. Además, anunciaron la estrategia de resistencia al posible realojo: desde la guerra mediática al piquete para evitar el desahucio.
Por último, un vecino que lleva 58 años viviendo en los barracones relató las condiciones de esclavitud en las que con sólo 9 años empezó a trabajar para el conde. Su testimonio revivió la oscura historia de caciquismo, esclavitud y miseria que aún golpea a las clases más humildes de las islas. Entre otras cosas, denunció que hasta el año 1999 (en el orgulloso Estado español que ya presumía de cuarto puesto en la economía de la UE), el agua, la luz y los baños de los barracones eran comunes y sólo tenían luz de 6 de la mañana a 10 de la noche.
En definitiva, las familias de Juan Grande han enviado un mensaje contundente a los herederos del conde: han demostrado que no tienen miedo y que van a luchar hasta el final por mantener sus viviendas si la administración no les asegura una alternativa habitacional digna y acorde a sus ingresos. Frente al caciquismo y la administración servil, estas 63 personas se han organizado para defender sus derechos más elementales. Y no están solas: tienen el apoyo y la asesoría del Sindicato de Inquilinas y la solidaridad y simpatía de 61 colectivos del Estado e incluso del continente americano que no permitirán que se queden en la calle.
