Ante el brutal desahucio a 41 familias, ejecutado ayer en Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, a instancias del Banco de Santander, desde el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria nos solidarizamos con las afectadas ante un desalojo que constituye una nueva vulneración del derecho a la vivienda con la complicidad de todas las administraciones públicas.
Denunciamos la indignante insensibilidad demostrada con estas familias, expulsadas de sus hogares, en los que llevaban residiendo varios años, sin haberles procurado previamente una alternativa habitacional.
Exigimos a la misma Banca que ha sido rescatada con nuestro dinero que cese en su acoso y derribo a las familias más vulnerables y deje de acumular inmuebles que deben servir prioritariamente de vivienda antes que de activo financiero.
Exigimos a las instituciones públicas que cumplan con los acuerdos a los que se comprometieron en tiempo de elecciones en materia de vivienda, y que ahora parecen haber olvidado, y que no conculquen el derecho de estas familias a una vivienda digna frente a las ejecuciones bancarias.
La vivienda es un derecho.
¡Basta ya de apoyar la especulación inmobiliaria!