Nereida y Natalia son dos hermanas que viven con sus tres hijos menores en el barrio capitalino de la Vega de San José. Hasta ahora han sobrevivido con trabajos esporádicos que les aportaban ingresos irregulares y magros: el mes que viene Nereida empezará a cobrar 215 euros de subsidio de desempleo. A pesar de los muchos años que llevan inscritas como demandantes de vivienda pública, nunca han accedido a una vivienda digna.
Hace más de medio año contactaron por redes sociales con un sujeto que decía ofrecer “alquileres económicos” y creyeron que, al fin, su situación cambiaría. La vivienda, sin mobiliario y tremendamente deteriorada, se convirtió en la única opción de esta familia desesperada. Pagaron 150 euros de “entrada” a esta persona y quedaron con ella al siguiente día para formalizar el contrato de arrendamiento. Sin embargo, el individuo no acudió a la cita y al poco tiempo desapareció su perfil en redes. Nos encontramos ante otro de los efectos de la precarización y la especulación inmobiliaria: la estafa a las familias más empobrecidas.
Con mucho esfuerzo y poco dinero han arreglado la vivienda y pagado religiosamente las facturas de agua y luz, además de la comunidad, que llevaba muchos años sin pagarse y que acumulaba unos 4000 euros de impago. A pesar de ello, el pasado jueves 21 se personó en su vivienda una comisión judicial, escoltada por distintos cuerpos policiales, que usando formas intimidatorias les ordenó abandonar la vivienda.
Sin embargo, el desahucio que se ejecutaba no era el de Nereida y Natalia, sino el de una inquilina anterior que, según los vecinos, llevaba años sin habitar el inmueble. Ante ello, y de forma completamente irregular, la comisión se saltó los trámites acostumbrados para que se produjese una vista oral y se estudiase la situación de las hermanas y sus hijos. En lugar de ello, se les dio una semana de plazo, concedida por quien se ha identificado como nuevo propietario, para abandonar el inmueble.
Natalia y Nereida no tienen red familiar ni otra vivienda en la que cobijarse. Desahuciarlas de su actual domicilio supondría condenarlas, a ellas y a sus hijos, a la indigencia y la separación.
Por eso reclamamos, junto con ellas, que se adopte alguna de estas soluciones:
-Solicitamos al propietario de la vivienda que detenga el inminente desalojo y se avenga a conceder a estas familias un alquiler asequible, que podrán sufragar con las ayudas institucionales que ya están tramitando y con la colaboración del propio Sindicato de Inquilinas, hasta que su situación económica mejore. No hay que olvidar que Natalia y Nereida han reformado apreciablemente un inmueble que durante mucho tiempo fue pasto del abandono.
-De no ser posible, exigimos al Ayuntamiento de Las Palmas y al Gobierno de Canarias que dejen de hacer dejación de sus funciones y tomen medidas de choque para atajar la terrible situación habitacional que sufre la población canaria y que se ejemplifica en casos tan trágicos como éste. Necesitamos una solución de emergencia y no nos valen discursos ni buenas palabras.
Actualmente estamos a expensas de que los juzgados respondan al recurso presentado por nuestra abogada para aplazar el desahucio. De producirse esta tregua seguiremos exigiendo una solución real y a largo plazo. El desahucio, dentro de tan solo 2 días, no es una opción.
Por último hacemos un llamamiento a la prensa para que dé a conocer tan sangrante caso y denuncie la precarización salvaje de la vivienda en nuestras islas y la brutal realidad de unos desalojos que no paran de aumentar, también en esos municipios ficticiamente “libres de desahucios”. Lanzamos un dato a la cara de las instituciones: sólo en estos últimos 7 días el Sindicato de Inquilinas ha gestionado, asesorado o paralizado 158 casos de desahucio. 158 vidas en riesgo de romperse.
SIGC