Desde que en 1849 Henry David Thoreau definiera el principio de la «Desobediencia Civil», esta herramienta popular ha servido para señalar desigualdades sociales, la tiranía de los Estados, la guerra, el imperialismo y todos los fenómenos jerárquicos que atentan contra la vida y la dignidad.
La sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre sobre el «Procés» no puede verse como un asunto interno catalán, ni como una guerra de nacionalismos y banderas. Quien quiera verlo así estaría pecando de miopía y de una insensibilidad política total.
La sentencia del «Procés» es un ataque directo contra todos los movimientos sociales y una amenaza contra el derecho a la protesta. La sentencia considera que la desobediencia civil masiva debe ser enjuiciada y condenada bajo los tipos jurídicos más duros, con penas de prisión que nos disuadan a todos de la idea de tomar las calles.
Las consecuencias de este dictamen no pueden ser más evidentes: la desobediencia civil, la misma que se enfrentó al Imperio británico, que combatió la segregación racial en EE.UU o que logró la abolición del servicio militar obligatorio en el Estado español, queda completamente criminalizada y tipificada como uno de los delitos más graves, solo por debajo de los delitos de sangre.
En vista de ello nosotros nos declaramos solidarias pero también desobedientes. Somos desobedientes cada vez que paramos un desahucio contra una resolución judicial, lo somos cuando ayudamos a realojar a familias sin hogar y cuando protestamos en la calle ante cualquier injusticia.
Desde Canarias toda nuestra solidaridad con los represaliados, con los presos políticos y también con los sociales, con los catalanes que sufren hoy las cargas policiales (como las sufrieron el 15M cuando se les desalojó de Plaça Catalunya) y con todos los desobedientes que en cualquier parte del mundo le gritan ¡NO! a un Sistema que está reprimiendo por encima de sus posibilidades y que está agotando la paciencia popular.
S.I.G.C.
F.A.G.C.