Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria nos adherimos públicamente al “Plan de choque social” que ha surgido a iniciativa de distintos colectivos sociales de todo el Estado ante la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19.
Sin embargo, y aun suscribiendo la totalidad de este “Plan de choque”, creemos que no basta con exigir a los poderes públicos que hagan algo; es necesario exponer las medidas a las que se recurrirá de no cumplirse las exigencias de la clase trabajadora y también buscar las fórmulas para protegernos y cuidarnos por nosotras mismas.
1º Suspensión del pago de alquiler, hipoteca y suministros básicos (agua, luz, gas), pero también de cualquier deuda crediticia contraída con cualquier entidad financiera por parte de personas sin recursos. Liquidación del interés sobre dichas deudas. Paralización sine die de cualquier proceso de desahucio iniciado contra personas en situación de vulnerabilidad.
2º Garantizar el pago íntegro de la nómina, pero también una Renta Básica Universal que dé cobertura a todas las personas que carecen de ingresos regulares (especialmente importante para las familias con menores a cargo ante la suspensión de los comedores escolares). Impedir la carestía de los precios sobre bienes de consumo de primera necesidad. No permitir ningún despido, ni individual ni en formato ERE o ERTE. Reincorporación inmediata de todas las trabajadoras y trabajadores despedidos.
3º Suspender cualquier actividad laboral que no responda a servicios esenciales.
4º Ofrecer alternativas alojativas para todas las personas sin hogar que lo necesiten, para quienes el #QuedateEnCasa es un cruel insulto. Las viviendas vacías en manos de bancos, fondos y entidades financieras deben ser socializadas y puestas a disposición pública.
5º La sanidad privada, con todos sus recursos, debe ser socializada y puesta al servicio del interés general. Esta inyección de recursos también debe destinarse a garantizar la cobertura sanitaria de sectores históricamente excluidos del derecho a la salud, como la población migrante o la población reclusa.
En caso de no cumplirse estas exigencias:
Instamos a todos los sindicatos laborales y de vivienda a declarar una huelga laboral general indefinida y una huelga hipotecaria y arrendataria general indefinida. Instamos a la población a proclamarla por su cuenta en caso de que dichos sindicatos no estén a la altura.
Si nos obligan a ir a trabajar para cumplir servicios no esenciales, sólo una huelga masiva puede protegernos.
Entendemos que la situación de colapso sistémico que ha agravado el coronavirus puede ser una excusa para que nos impongan un modelo capitalista aún más feroz, controlador e inhumano, se degraden todavía más las condiciones laborales y el dogma de la austeridad se cebe con las más pobres; pero también puede ser una oportunidad para que las de abajo nos demos cuentas de las imperfecciones y fragilidades del sistema, nos dispongamos a recuperar parte del terreno perdido y busquemos, en redes de apoyo, mediante la acción colectiva, la palanca para un cambio de paradigma: más social, más justo, más igualitario y más libre.
