Queremos con este comunicado denunciar la pretensión de VISOCAN (empresa pública propiedad de la comunidad autónoma de Canarias) de desahuciar a una familia vulnerable.
María del Carmen Valido es una mujer con dos hijos menores con problemas médicos a su cargo. Tenía pareja pero está en proceso de separación. No tiene ingresos suficientes para dar de comer a sus hijos y atender sus necesidades, y pagar un alquiler “social” de 350 euros mensuales. O comen, o pagan el alquiler.
El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le estaba dando una ayuda para el alquiler, pero como cometieron el terrible error de encontrar trabajo el año pasado (2 meses ella y 3 su ex-pareja), primero le rebajaron la ayuda al 50%, y más tarde se la quitaron por completo. Por lo visto, si trabajas un par de meses al año, a los ojos del ayuntamiento ya eres una privilegiada y no mereces ayuda…
Por esta denegación de la ayuda al alquiler, careciendo de otros recursos, María del Carmen no ha podido afrontar el pago de la totalidad del alquiler en este año 2017. A consecuencia de ello, a VISOCAN (o sea, al gobierno de Canarias) sólo se le ocurre “ayudarla” con una demanda de desahucio. Indignante, aunque no es el primer caso y no será el último, seguramente.
Ante todo este despropósito, desde el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria exigimos que VISOCAN cumpla su supuesto cometido social y pare la demanda de desahucio contra María del Carmen Valido; exigimos al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que le vuelva a dar el 100% de la ayuda al alquiler que le quitó; y a todas las instituciones en general, que busquen una solución definitiva a esta familia así como a todas las personas con pocos ingresos y necesidad de una vivienda digna, porque es un derecho y porque hay dinero (si rescataron a los bancos, que rescaten ahora a las personas).
No más gente sin casa, no más casas sin gente.
Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria