Ante las alarmantes circunstancias que viven las inquilinas, y la negativa del Gobierno a tomar ninguna medida que cambie verdaderamente su situación, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria convocó el pasado 23 de marzo una Huelga Arrendataria General e Indefinida a partir del 1 de abril, enmarcada en una convocatoria internacional. A esta convocatoria de huelga —la primera del s. XXI en el Estado español— se sumaron inicialmente una treintena de colectivos de vivienda de todo el Estado. Sin embargo, a partir del 30 de marzo, fueron más de 200 los sindicatos de inquilinas y colectivos que decidieron secundar la convocatoria.
La convocatoria responde a una emergencia humanitaria, menos espectacular que la del coronavirus, pero igual de letal: centenares de miles de familias tienen que elegir este mes de abril si alimentan a sus hijos o por el contrario pagan el alquiler.
Las medidas anunciadas por el Ejecutivo el día 31 de marzo son ridículas, ya que preservan el beneficio económico del sector inmobiliario e ignoran al sector más vulnerable: las inquilinas.
¿Solicitar microcréditos si tu arrendador tiene menos de 10 viviendas? Es la receta que nos llevó a la crisis del 2008: sobreendeudamiento de las más pobres. ¿Moratoria del pago 4 meses si tu arrendador es un “gran tenedor”? Más sobreendeudamiento, más pan para hoy y hambre para mañana, cuando nadie puede asegurarnos cómo estaremos dentro de 4 meses. ¿Quita del 50%? No, reclamamos una suspensión del 100%. No es posible que un gobierno de derechas como el francés pueda adoptar medidas que no se atreve a asumir la coalición progresista del gobierno español. ¿Moratoria de 6 meses para los desahucios? Ése es el tiempo que puede prolongarse normalmente un proceso de desahucio a través de los procedimientos dilatorios procesales habituales. Esto es esconder el problema debajo de la alfombra y que tengamos que afrontar miles de lanzamientos a final de año.
Por todo ello, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria continuaremos la Huelga General de Alquileres hasta que el Gobierno apruebe las siguientes medidas:
1. Suspensión inmediata del pago de la renta, especialmente para arrendatarios en situación de vulnerabilidad y para arrendadores que sean multirentistas o personas jurídicas (la minoría que no cumpla estos requisitos que reclame una Renta Básica Universal como recogemos en nuestro plan de choque). Mientras no se adopte esta medida, sin ingresos suficientes y regulares, no pagaremos.
2. Que las viviendas abandonadas en manos de fondos, entidades financieras y bancarias (sobre todo las que han sido rescatadas con dinero público) sean socializadas y puestas a disposición de los miles de personas y familias que hoy carecen de hogar.
La economía rentista no puede esquilmar los pocos ingresos de las inquilinas más vulnerables mientras la economía productiva está parada. No pueden obligarnos a elegir entre comer o pagar el alquiler. Por ello, si no cobramos, no pagamos. ¡Viva la Huelga Arrendataria!