Es normal que en la lucha y en la vida hayan etapas buenas y otras que no. El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria se encuentra, desde hace algún tiempo, en un período de crisis por diversos factores. Ahora toca analizar los aciertos y los muchos errores cometidos. En consecuencia, hemos decidido suspender la actividad del SIGC hasta que podamos volver a la lucha con mayor ímpetu y claridad.
Crónica de un deshaucio
Macarena, de 48 años, tenía un trabajo precario, como tanta gente. Y como tanta gente, vivía en una casa precaria de alquiler con sus dos hijos, un muchacho de 25 años y una niña de 11, que padece crisis asmáticas y alergia al polvo, ácaros y a otras inmundicias.
Macarena y los niños vivían una situación de abusos de su casero, Jerónimo Méndez Hernández, quien tenía puesto un mismo contador de luz para su vivienda y la del vecino, y a este le había hecho un contrato falso de alquiler firmando el mismo casero como el inquilino, y otras hazañas similares. Además, posee en ese inmueble un palomar abandonado lleno de heces de palomas, cadáveres y basura que provocaba en la niña frecuentes crisis alérgicas y asmáticas. La situación económica de la familia le impedía mudarse a una vivienda menos insalubre.
Hasta que Macarena se queda sin trabajo, la familia no puede afrontar el alquiler y a la vez seguir comiendo, y es denunciada por este individuo, recibiendo una citación para abandonar su casa en cinco días, momento en que contacta con este sindicato. Se le informa de que es ilegal dar un plazo tan corto, y que contacte con un abogado de oficio para que le expida una solicitud de aplazamiento de un mes del lanzamiento, en base al artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El escrito es aceptado, pero, no sabemos por qué razón, en vez de un mes le dan menos tiempo. El abogado de oficio, inexplicablemente, deja de hacerse cargo de su problema y así se lo anuncia.
Así que con el día del desahucio encima, y sin apenas tiempo, se organiza la resistencia. Se le aconseja bloquear los accesos a la vivienda, y se va a casa de un vecino con algunas pertenencias, para que, si en el peor de los escenarios entrasen, no la encontraran en el interior y la pudieran detener por obstrucción a la “justicia”. Los hijos son enviados fuera, a buen recaudo, con el fin de que no tuvieran que vivir una situación que en el caso más suave podría ser traumática…
Ese mismo día, antes de la llegada de los agentes, se bloquea la entrada con puntales y cadenas, de manera que para entrar tengan que destrozar la puerta y alguna zona adyacente donde están fijadas las cadenas, extremo al que no se suele llegar, dado que el casero no suele querer estropear su propiedad.
Y sin embargo, trágicamente, se da el peor escenario posible, en el que el casero ordena a los agentes judiciales el derribo de la puerta. Tras numerosos golpes y grandes estrépitos que resuenan en toda la casa y parte del vecindario, y sumen a Macarena en una crisis de ansiedad y terror, entran junto con la autoridad el casero y el nuevo inquilino, lo cual hace pensar que lo tenían planeado de antemano. Estos se ponen a festejarlo y a gritar burlas e insultos crueles contra Macarena y su familia. Dentro de la casa quedan sus escasos enseres, algunos muebles en los dos pequeños cuartos donde vivían hacinados y una nevera con comida, nada de lo cual pudo recuperar.
A la llegada de la niña, y a pesar de querer dulcificar el terrible suceso, al ver que ya no tenía hogar sufre una crisis nerviosa, que la sumiría en una agonía de pánico, miedo e insomnio durante cerca de dos días.
Una historia más que cotidiana en el Estado del Gobierno Neofranquista.
La Sareb desahucia en Firgas a una familia con tres menores
El próximo miércoles 10 de enero la Sareb dejará en la calle una familia con tres menores de edad a la que reclama 20.000 euros de alquiler. El lanzamiento se produce después de que la Sareb (también conocido como «banco malo») reclamase dicha cantidad a Lolo, arrendatario del inmueble desde hace 5 años.
Al igual que otras vecinas y vecinos de Los Llanos de la Cruz, Lolo se quedó sin arrendador en 2014, cuando la empresa que le había alquilado la vivienda quebró de forma repentina. Desde el primer momento procuró averiguar a quién debía pagar el alquiler pero, como el resto de sus vecinas y vecinos, nunca obtuvo respuesta. Desconocía que Bankia, que había asumido la propiedad de las viviendas tras la quiebra de la inmobiliaria, las había vendido a la Sareb.
Fue a finales del año pasado cuando la pareja recibió una carta en la que se le notificaba que debía abandonar la vivienda e ingresar los 20.000 euros de alquiler que no le habían permitido pagar desde 2014. En ella también se le informaba de que disponía de 10 días hábiles para presentar un recurso y decidió organizarse junto a otros afectados para evitar el lanzamiento. Sin embargo, motivos de orden burocrático le impidieron obtener la documentación necesaria a tiempo y no pudo presentarla en el plazo indicado, hecho que le dejó indefenso, sin casa y con una deuda inasumible.
Fue entonces cuando Lolo y Anabel se pusieron en contacto con Asamblea de Firgas y el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria en busca de asesoramiento para evitar el desahucio o, al menos, lograr un aplazamiento que le permitiese encontrar una alternativa habitacional. Lolo tiene unos ingresos muy bajos y Anabel está desempleada, lo que, sumado al ajetreo y la cantidad de días festivos de estas fechas, les ha impedido encontrar una vivienda asequible en Firgas, donde están escolarizados los menores.
A pesar de haber solicitado ayuda al Ayuntamiento de Firgas y al Cabildo de Gran Canaria, la familia no ha encontrado apoyo alguno por parte de unas instituciones que lo han abandonado a su suerte.
Cabe señalar que Los Llanos de La Cruz es la entrada principal al municipio norteño y que el actual grupo de gobierno firguense ha insistido en la construcción de la iii Fase de la Circunvalación Arucas-Firgas, que pasará al lado de dicha urbanización. Esto, según miembros del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y Asamblea de Firgas, «se trata de una clara maniobra de especulación, en la que la Sareb ha dejado de cobrar el alquiler para asustar a los vecinos con una deuda inasumible y forzarles a abandonar las viviendas para obtener una rentabilidad mayor sin preocuparse de las consecuencias».
Lolo, Anabel y los menores no tienen alternativa habitacional y dormirán en la calle si no logran un aplazamiento antes del próximo miércoles. Por ello, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y Asamblea de Firgas llaman a la movilización social para evitar el desahucio y asegurar una vivienda digna a esta familia que ha sido víctima de la codicia de una sociedad anónima que ha sido creada con fondos públicos. El próximo miércoles 10 de enero a las 11:00 de la mañana realizarán una concentración frente a la casa sita en Calle de la Hoya nº 9, Firgas, para mostrar apoyo y solidaridad a la familia.
Nuevo intento de desahucio de VISOCAN
Queremos con este comunicado denunciar la pretensión de VISOCAN (empresa pública propiedad de la comunidad autónoma de Canarias) de desahuciar a una familia vulnerable.
María del Carmen Valido es una mujer con dos hijos menores con problemas médicos a su cargo. Tenía pareja pero está en proceso de separación. No tiene ingresos suficientes para dar de comer a sus hijos y atender sus necesidades, y pagar un alquiler “social” de 350 euros mensuales. O comen, o pagan el alquiler.
Ya tenemos teléfono
Desde nuestra asamblea constitutiva, hablamos de poner a disposición de la gente un teléfono con el que poder contactar con nosotros de una manera más ágil que el correo electrónico o twitter o facebook. Ha pasado tiempo, pero ya tenemos uno.
Tiene whatsapp y Telegram instalado, para mayor comodidad tanto de quienes nos contacten como para nosotras, para poder estudiar más detenidamente cada solicitud de asesoramiento.
Añadir que el teléfono lo tendrán distintas personas, de forma rotatoria, pero que la persona que lo lleve en un momento dado no será la que resuelva de forma instantánea las solicitudes: no funcionamos así, tenemos comisiones que se encargan de distintos cometidos y serán ellas las que valoren y decidan, o en última instancia la asamblea general del sindicato.
El teléfono es el 642 767 901.
Diez familias canarias recuperan “La Ilusión”
La pasada semana 7 familias, asesoradas y secundadas por el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, se han decidido a poner fin a su situación de indigencia y falta de alternativas habitacionales y han socializado un edificio de 15 viviendas abandonadas. Desde entonces ya se han sumado 3 familias más. Hablamos de 38 personas, 18 de ellas menores. Continuar leyendo «Diez familias canarias recuperan “La Ilusión”»
Nace «El Refugio»
5 familias sin recursos y sin techo han rehabilitado varios inmuebles abandonados en la isla de Gran Canaria, y se han buscado por sí mismas las oportunidades que les niega el sistema capitalista y las instituciones.
16 personas, 10 de ellos menores, han iniciado este proyecto habitacional de autogestión y dignificación. Cuentan con todo el apoyo y la asesoría del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.
En un archipiélago con 135.000 inmuebles vacíos, con 735 desahucios por trimestre, con el segundo salario más bajo del Estado y la segunda provincia (Las Palmas) con la mayor subida del alquiler, no nos quedan más opciones para garantizarle un techo a nuestros hijos que las que nosotros, el pueblo trabajador, nos proporcionemos por nuestros propios medios.
Esta lucha por la vivienda no implica solo defenderse y reclamar. Es necesario construir y crear.
El Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria se solidariza con las 41 familias desahuciadas en Granadilla
Ante el brutal desahucio a 41 familias, ejecutado ayer en Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, a instancias del Banco de Santander, desde el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria nos solidarizamos con las afectadas ante un desalojo que constituye una nueva vulneración del derecho a la vivienda con la complicidad de todas las administraciones públicas.
Denunciamos la indignante insensibilidad demostrada con estas familias, expulsadas de sus hogares, en los que llevaban residiendo varios años, sin haberles procurado previamente una alternativa habitacional.
Exigimos a la misma Banca que ha sido rescatada con nuestro dinero que cese en su acoso y derribo a las familias más vulnerables y deje de acumular inmuebles que deben servir prioritariamente de vivienda antes que de activo financiero.
Exigimos a las instituciones públicas que cumplan con los acuerdos a los que se comprometieron en tiempo de elecciones en materia de vivienda, y que ahora parecen haber olvidado, y que no conculquen el derecho de estas familias a una vivienda digna frente a las ejecuciones bancarias.
La vivienda es un derecho.
¡Basta ya de apoyar la especulación inmobiliaria!