En Sardina del Norte (municipio de Gáldar, Gran Canaria) 28 familias (casi 70 personas) con 32 menores corren el riesgo inminente de ser expulsadas de sus hogares.
Hablamos de la comunidad “La Marisma”. Una urbanización que llevaba años abandonada y a la que llegaron casi 30 familias el pasado mes de enero (2021). Familias de clase trabajadora, sin recursos, supervivientes de varios desahucios anteriores y con una situación económica y social agravada por la crisis. Estas familias, dada su situación, buscaron por portales y redes sociales alquileres económicos. Contactaron con un supuesto promotor de viviendas que les facilitó las llaves a cambio de un adelanto de 100 euros por familia. Hecho el intercambio, el promotor desapareció y se volvió ilocalizable y ya no pudo formalizarse contrato alguno de arrendamiento. Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria entendemos que estas familias son víctimas de una estafa inmobiliaria. Actividad que se ha disparado en estos tiempos de pandemia.
Meses después, cuando ya han conseguido adecentar las viviendas y hacerlas habitables, personal de Building Center y Coral Homes, empresas pantallas de la Caixa, dedicadas a colocar sus activos y a especular, funcionando como fondos buitre, se dedican a hostigar a las familias. Las amenazan con tapiar sus casas con sus enseres dentro o con desalojarlas de madrugada sin previo aviso. Como la vía de las coacciones no ha sido suficiente para expulsar a las familias, Coral Homes ha iniciado la vía procesal y se dispone a echar a la calle a más de 30 menores sin ningún tipo de alternativa habitacional. Negándose, en todo momento, a iniciar ningún tipo de negociación.
El 15 de junio 8 familias se enfrentan a un juicio que acabará, al no poder demostrar “justo título”, con un inminente proceso de desahucio. Otras tantas ya han sido notificadas como “ocupantes ignorados” para comparecer en juzgados. Repetimos: 28 familias, casi 70 personas, 32 de ellas niños, van a ser arrojadas a la calle si no lo evitamos.
Recordemos que la Caixa fue rescatada en 2009 con 12.599 millones de dinero público, nuestro dinero. No podemos permitir que estas entidades expulsen de sus casas a las mismas familias que las rescataron con sus impuestos.
Exigimos a la Caixa, Coral Homes y Building Center que detengan este atentado terrorista inmobiliario de inmediato y que se sienten a negociar una solución alojativa para estas familias.
Exigimos al Ayuntamiento de Gáldar, al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y las distintas instituciones públicas que dejen de arrastrarse ante los poderes financieros, no escurran el bulto y busquen una alternativa habitacional para estas familias.
Si no se produce dicha alternativa, ninguna abandonará voluntariamente su hogar. Expulsar por la fuerza a más de 70 personas, con más de 30 menores, sería un crimen humanitario que no pensamos consentir. Si no se ofrece una solución real y digna, intentaremos movilizar a la opinión pública, también a nivel internacional, movilizar a la población obrera de nuestros barrios y, si nos obligan a ello, convocar un piquete antidesahucio para oponernos a la posibilidad de lanzamiento. Detengan esta locura ahora que estamos a tiempo.
Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria
