Abusos de la clase propietaria

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria quiere poner en conocimiento de la opinión pública algunos de los abusos a los que los caseros, muchos de ellos multirentistas, están sometiendo a la clase inquilina de Gran Canaria. Una de nuestras afiliadas (que por miedo a las represalias prefiere guardar el anonimato y a la que llamaremos “Patricia”) nos relata la sucesión de abusos que ella misma sufre y que ya ha denunciado en sede judicial.

Sus caseros, una pareja dedicada exclusivamente a la especulación inmobiliaria, han intentado entrar en varias ocasiones en la vivienda, ignorando el delito de allanamiento de morada que esto supone. Se han negado a que cambie el cilindro de la cerradura o a que ponga los suministros de agua y luz a su nombre, a pesar de que la ley es clara al respecto. Le roban reiteradamente las cartas (el buzón está roto y se niegan a arreglarlo), y muchas veces “Patricia” se encuentra sus cartas rotas en el rellano o tiradas por la carretera adyacente. Que esto sea un delito les da completamente igual. Se niegan a realizar cualquier arreglo en la vivienda, como unas tremendas goteras que inundan la casa tras cada lluvia, a pesar de que se les ha notificado previamente, verbalmente y vía burofax. Las reclamaciones de nuestra afiliada son respondidas con amenazas (“o dejas de molestar o te echamos a la puta calle”) y con nuevos episodios de acoso inmobiliario; por ejemplo: con cortes de agua desde el cuarto de contadores.

“Patricia” y sus hijos viven sometidos a una tensión constante por parte de sus caseros y no son los únicos inquilinos que han tenido problemas con los mismos propietarios. Según nos informan, otros vecinos han descubierto que les han alquilado una casa que estaba en proceso de embargo bancario y han tenido que abandonar su hogar, a pesar de pagar regularmente las rentas, cuando la entidad bancaria ha ido a reclamar un inmueble que daba por vacío. Desinformados y asustados, han preferido evitar las reclamaciones judiciales y someterse al desalojo voluntario. Para esta pareja de rentistas, alquilar casas sin registrar, en ocasiones embargadas y sin otro acuerdo contractual que un contrato modelo sacado de Internet, se ha convertido en un lucrativo y parasitario negocio.

“Patricia” es una madre trabajadora que paga regularmente su alquiler: 450 euros en la Vega de San Mateo, Gran Canaria. Paga además sus suministros y, posiblemente, el de otra casa, ya que su vivienda es una ampliación de otra, la instalación es muy precaria, paga una suma desorbitante (hasta 130 euros mensuales de luz) y en el recibo de la compañía (cuando consigue recogerlo del buzón) viene siempre el número de la vivienda adyacente. No nos encontramos, por tanto, ante un problema de impago, finalización de contrato, reclamación de la vivienda para uso propio del casero, o los típicos conflictos casero/inquilino que solemos tratar. Nos encontramos ante un problema de abuso que desde el SIGC denunciamos públicamente, tal y como ya hemos ayudado a hacer legalmente, redactando la denuncia de “Patricia”.

Sabemos que no es un caso único, por eso queremos hacer un llamamiento a la clase inquilina de Gran Canaria para que se una y no deje de señalar estos desmanes. La ley se encarga principalmente de proteger la propiedad privada. Los caseros lo saben y usan este privilegio. Pero ante sus privilegios están nuestros derechos y estos se conquistan diariamente no permitiendo que las agresiones capitalistas queden impunes. Desde el SIGC haremos campaña con nuestro label sindical para marcar este inmueble, impedir que ningún nuevo inquilino sea engañado y que nadie acceda por error a un alquiler donde no se respetan los derechos del inquilinato. Si nos impiden vivir les impediremos hacer negocio con nuestras vidas.

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