Esta mañana, sin haber recibido notificación ninguna y sin juicio previo, un fuerte dispositivo policial ha desalojado a las hermanas Nereida y Natalia y a sus tres hijos de su vivienda en la Vega de San José (Las Palmas de Gran Canaria). Mientras las hermanas habían acudido al colegio de sus hijos a entregar la matrícula, un cerrajero escoltado por la policía ha abierto la vivienda y cambiado la cerradura. A pesar de que las hermanas intentaron recuperar sus pertenencias ante al inesperado desalojo, la policía las echó de su casa agarrándolas de pies y las manos.
Las instituciones, una vez más, han demostrado su incompetencia y su dejación de funciones y no han asistido a dos madres solteras y a tres niños que hoy no saben dónde van a dormir. No han ofrecido a estas familias una alternativa habitacional digna que les ahorrase el trauma de un desahucio que carecía de orden.
Sin embargo, mucho más grave nos parece la actuación arbitraria de las distintas policías y de los Juzgados: es intolerable que provoquen una situación tan traumática y violenta como un desahucio inesperado sin ofrecer ningún tipo de garantías a dos madres solteras que habían ido a presentar la matrícula de sus hijos en el colegio. Es un acto inhumano y cobarde que genera una alarma social aterradora, ya que sientan un peligroso precedente: a cualquier persona la pueden echar de su vivienda sin garantías judiciales.
La guerra no acaba aquí. Desde el Sindicato de Inquilinas condenamos la violencia que ejerce el Estado contra las más pobres y vulnerables y advertimos a las administraciones, a la justicia y a las fuerzas de seguridad del Estado que esto no quedará así: tras meses de silencio e inacción, hoy se han presentado sin avisar para echar de su casa a dos madres solteras con tres menores de edad. El Sindicato de Inquilinas trabajará para encontrar la alternativa habitacional y el apoyo que las instituciones les han negado y para combatir la criminalización y estigmatización por parte de la justicia y la policía.