María Maravilla tiene 90 años y desde hace 5 años vive en un pequeño apartamento en el barrio de La Isleta con su hijo enfermo. Los ingresos de María Maravilla y su hijo rondan los 600 euros, cuya mitad se diluye en los 300 euros que paga por el pequeño apartamento que tiene arrendado en el popular barrio capitalino. Cuando no les da se alimentan gracias a ayudas caritativas.
A finales del año pasado recibió una orden de desahucio por impago de alquiler. Acudió a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que como solución a su problema le entregaron en marzo de este año (ya declarado el Estado de Alarma) una ayuda de 921 euros para pagar fianza y primer mes de alquiler en una nueva vivienda. Sin embargo, además de las restricciones a la movilidad provocadas por la declaración del Estado de Alarma, esta mujer de 90 años se encontró ante una situación común para las personas que reciben este tipo de ayudas temporales:
1) fue casi imposible encontrar un alquiler acorde a sus posibilidades económicas y
2) cuando lo encontró nadie le quiso firmar un contrato por miedo al impago a partir del segundo mes, una vez finalizase la ayuda.
Además, María Maravilla no se pudo acoger a ninguna de las medidas establecidas en el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo porque su arrendador es pequeño propietario.
Hace poco María Maravilla recibió una llamada de su trabajadora social en la que le comunicaba que el próximo martes 15 de diciembre se enfrentará a un desalojo sin alternativa habitacional. Sin saber a dónde acudir ni qué hacer, fue un trabajador anónimo del Ayuntamiento de Las Palmas de G. C. quien le facilitó el teléfono de nuestra abogada con la esperanza de que el SIGC le encontrase una solución que el Ayuntamiento de Las Palmas de G. C. (a pesar de las declaraciones de algunos concejales) no ha sabido encontrar. Resulta inconcebible que el ayuntamiento de una capital como Las Palmas de G. C. no tenga capacidad de respuesta efectiva para evitar que dos personas en situación de extrema vulnerabilidad duerman en la calle en medio de una emergencia sanitaria y condenados al frío y la lluvia de diciembre.
Por ello, desde el Sindicato de Inquilinas exigimos públicamente:
1º Que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria frene el desalojo del próximo 15 de diciembre ante la extrema vulnerabilidad de María Maravilla y su hijo.
2º Que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegure alternativa habitacional efectiva a esta familia.
Esto sería lo humanitario en una situación como la que vivimos. Sin embargo, a pesar de la propaganda del gobierno central, autonómico o el propio ayuntamiento, los desahucios sin alternativa habitacional de personas en situación de vulnerabilidad (y en este caso de extrema vulnerabilidad) son el pan de cada día en todo el Estado. Mientras se discuten las formas de la supuesta suspensión de los desahucios que pretende aprobar el Ejecutivo, nos siguen desahuciando. Mientras nos dicen que nos quedemos en casa y mantengamos las medidas higiénicas para evitar contagios, nos siguen dejando en la calle sin alternativa, sin agua y sin luz. Ante ello, sólo el apoyo mutuo y la solidaridad evitarán que esta familia duerma al raso.